El juicio político al ex presidente de Paraguay Fernando Lugo, puede considerarse ilegítimo teniendo en cuenta su proceso. Un importante factor es el rechazo y el temor a la ‘ola rosa’ o u ‘ola roja’ (de la década del 2010’), una serie de asensos de gobiernos de centro-izquierda o de izquierda, normalmente populistas, totalmente repudiado por los sectores tradicionales, conservadores, las Fuerzas Armadas y el Partido Colorado de Paraguay. Además, Lugo fue el primer Presidente luego de un largo período de gobernanza del Partido Colorado, desde 1989.
Juicio político en Paraguay: el alcance del mal desempeño de funciones
El artículo 225 de la constitución paraguaya de 1992 establece que se le puede realizar juicio político al Presidente de la República, al Vicepresidente, ministros, jueces de la Corte Suprema, entre otros funcionarios de alto cargo por “mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes.” La Cámara de Diputados y la de Senadores legalmente aprobaron con una mayoría de por lo menos dos tercios (de cada cámara) la autorización para someter a Fernando Lugo a juicio político por mal desempeño de sus funciones, en el 2012. A pesar de que “el mal desempeño de funciones” puede tener distintas interpretaciones y se debate hasta dónde llega el mal desempeño (que incluso se discute en nuestro país), este término es aceptado en Paraguay como la violación de elementos constitucionales o de tratados y leyes con alta jerarquía.
En el artículo 17 de la constitución data sobre los procesos judiciales, ya sea ordinarios o de juicio político. Estos procesos deben ser respetados como avala la propia Constitución. Por ende, si en cualquier proceso judicial llevado a cabo se corrompe el artículo 17, debe ser considerado ilegítimo.
Con respecto a las razones por las que se lo acusa a Lugo por mal desempeño, la primera es el acto juvenil ‘socialista’ y ‘de izquierda’ en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, llevado a cabo en 2009, consideradas en aquél entonces como peligrosas ya que estarían en contra de los valores de la clase oligárquica. El fiscal a cargo de esta causa no presentó pruebas válidas, tan sólo lo que transmitieron los medios masivos de comunicación y artículos periodísticos con críticas al gobierno. Se demuestra en este primer punto que lo presentado no fue lo suficiente para que se le adjudique al presidente una acusación como tal, que carecería de sentido sin las pruebas correspondientes de que Lugo realmente participó.
Las acusaciones infundadas contra Lugo: falta de pruebas en el mal desempeño presidencial
La segunda causa fue el Caso Ñacunday, en la que se lo culpó a Lugo de haber sido partícipe de la ocupación de tierras privadas y haber intencionalmente demorado la llegada de la policía en la región. Tampoco fueron presentadas pruebas contundentes, sino que el fiscal argumentó que Lugo fue cómplice de la tardanza de las fuerzas policiales, a lo que desemboca en una promoción de la violencia y las invasiones. Esto comprueba que no está evidenciada la supuesta incompetencia, ineficacia o complicidad del acusado en estos actos, sino que, la policía tendría que ser juzgada por esa cierta ‘torpeza’ a la hora de ejercer sus funciones.
La tercera causa impuesta fue el aumento de inseguridad en el país y su incapacidad de ejecutar políticas públicas lo suficientemente eficaces para disminuirla o controlarla, así como su negación para destituir o despedir a su Ministro de Seguridad, altamente criticado por el Poder Legislativo durante su mandato.
En cuarto lugar, se lo acusó al Presidente de haber enviado a sus representantes de las Relaciones Exteriores de Paraguay para firmar la Carta Democrática de la UNASUR y no haber enviado el proyecto al Poder Legislativo (dado el equilibrio de poderes) para debatir y aprobar la firma, por lo que en realidad, no sería válida la firma de la Carta Democrática de la UNASUR dentro del territorio paraguayo. Por ende, se lo acusa a Fernando Lugo de haber ejercido funciones de Presidente en las relaciones exteriores del país.
La causa más importante e impactante de la que fue acusado el Presidente paraguayo fue La Matanza de Curuguaty. Ocurrió en el 2012 y fue el punto de inflexión en el mandato de del Presidente, que generó tal repercusión y tanta condena social como internacional, que fue el impulsor que tuvo la Cámara de Diputados para aprobar la ejecución del juicio político. El INDERT (Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra) había exigido destinar unas tierras en Campos Morombi para la actividad agraria debido a que no había un estatuto legal de que era una propiedad privada y estaba ocupada ilegalmente. En la intervención, se desató una masacre por esas tierras que culminó con la muerte de 17 personas (campesinos y policías). Se lo acusó a Lugo de ‘idear’ la masacre a su beneficio con el objetivo de generar inestabilidad interna y de ser ‘amigo’ de los criminales. Aquí se observa una clara condena moral más que basada en los hechos, algo que le quita sustento a la acusación. El impacto de las muertes innecesarias en aquél junio del 2012 generó un castigo social y a su vez una clara intención del poder Legislativo para darle esa voz a la sociedad y encontrar un culpable que sea condenado, en este caso, Lugo. Las evidencias son catalogadas como ‘públicas’, basadas en lo ya difundido y visto, por lo que tampoco hay un sustento jurídico para respaldar la causa.
El Fiscal Oscar Tuma declaró en el Libelo Acusatorio que “todas las causales mencionadas más arriba, son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente”. No obstante, al no haberse presentado evidencias para ninguna de las causas impuestas a Lugo, hay una carencia de sustento legal para comprobar que el Presidente era culpable, algo que le puede quitar la probabilidad al acusado de comprobar su inocencia. La falta de evidencia provocó un atropello al proceso jurídico legal establecido por el artículo 17 de la Constitución Paraguaya, por ende, no considero que las causas establecidas estén comprobadas lo suficiente para juzgar al Presidente por el mal ejercicio de sus funciones. Asimismo, en las declaraciones de los cinco fiscales que redactaron las causas, no se especifica la ley o el artículo de la Constitución violado por el Presidente, entonces, no se puede sustentar el mal ejercicio de las funciones, sino que fue un juicio en base a una condena social.
Es menester destacar la relación conflictiva entre Lugo y el Poder Legislativo desde que asumió la Presidencia en el 2008. El Presidente pertenecía a un partido sin mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y al ser [Paraguay] un sistema presidencial puro con equilibrio de poderes, un desbalance de representación le resultó a Lugo una gran dificultad a la hora de gobernar. La oposición ocupó una mayoría en el período 2008-2012, por lo que ambas cámaras le impusieron al Poder Ejecutivo ciertas trabas para ejercer su poder.
Por si fuera poco, el artículo 17 de la Constitución fue violado por el Poder Legislativo en varios de sus incisos. El primer inciso violado fue en número 8, el cual data el hecho de que la persona juzgada tiene derecho a “que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas”, las cuales ni siquiera fueron presentadas por los fiscales a cargo de la causa. Luego, se lo privó a Lugo de ciertos derechos, entre ellos el que se estipula en el inciso 7: “Toda persona tiene derecho a la comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación”, algo que no fue cumplido, ya que el acusado tuvo un plazo absurdamente acotado (una noche) para estructurar su defensa luego de que se le presentaran las acusaciones. También, fue violado el inciso más importante de todos, el 1. Fernando Lugo a penas se le otorgó dos horas para presentar su defensa, negándole el derecho a presumir su inocencia y por ende imposibilitándolo a comprobar su postura.
La repercusión internacional que tuvo este juicio puede ser indicio de exposición a la ilegalidad del proceso a Lugo. La Organización de los Estados Americanos (OEA) calificó a la destitución como un golpe de Estado e inmediatamente se le impusieron sanciones al nuevo gobierno presuntamente ilegítimo. Asimismo, Paraguay fue suspendido de UNASUR hasta que se dieran elecciones democráticas en la que el pueblo eligiera limpiamente a su gobernante. Faltaba menos de un año para que el vice-presidente (que asumió luego de la destitución) termine su mandato en abril del 2013. Se creó un Grupo de Alto Nivel, con el objetivo de realizar un seguimiento sobre la situación interna del país. Por último, Paraguay fue suspendido también del MERCOSUR, aunque fue una decisión muy politizada debido a la estrategia de algunos países con gobiernos de izquierda que solicitaron el ingreso de Venezuela como miembro del organismo.
Igualmente, hago alusión a los errores de la administración de Lugo que pudieron haber sido también indicio de un mal desempeño y haber despertado el descontento en el Poder Legislativo. Cada aclarar que disto de mi opinión personal lo más posible, ya que me baso en el artículo 17 de la constitución para explicar mis argumentos por los cuales el proceso llevado a cabo no fue legítimo y fue realmente un golpe institucional. Fernando Lugo tuvo varias falacias durante su gestión, como cualquier presidente. La sociedad lo acusó de no cumplir sus promesas electorales, de haber ‘atropellado’ a los sectores terratenientes y a los poderosos empresarios, haber impedido el desarrollo económico del país, ni ejecutado políticas redistributivas de calidad (cuyo error pudo haber sido una causa indirecta de la masacre de Curuguaty), haber cometido errores estratégicos que provocaron la homogenización del Partido Colorado y eventualmente haberlo puesto en su propia contra. A pesar de que éstas pueden ser causales de un mal desempeño de la presidencia, no hubo evidencias presentadas durante el juicio, y el propio Poder Legislativo violó el artículo 17 de la Constitución Paraguaya, siendo que el proceso no se llevó a cabo como lo estipula la ley suprema.
Las décadas del 2000’ y del 2010’ tuvieron un contexto internacional concentrado en el combate contra el terrorismo, y América Latina se caracterizó por un ascenso de gobiernos populistas de izquierda y un posterior despertar y descontento por parte de la derecha (como ya mencionado, el rechazo a la ola rosa). En Paraguay, la destitución de Fernando Lugo puede ser caracterizada como un ‘Golpe Blando’ o un ‘Neo-golpismo’. Un ‘Golpe Blando’ es una iniciativa que tiene el propósito de provocar el desgaste político de gobiernos de carácter popular a fin de forzar algún tipo de salida “institucional” bajo la tutela de dichos poderes fácticos. Una nueva ‘ola golpista’ caracterizó esa época en América Latina, caracterizada por el autoritarismo, particularmente de derecha. Los dos casos que advirtieron a la región fueron la destitución de Zelaya en Honduras (2009) y el juicio político a Lugo, cuya sistematización llamó la atención del mundo cuando destituyeron a Dilma Rousseff en Brasil (2016). Estos ‘golpes’ no tienen las características propias de los golpes del siglo XX de América Latina, que tuvieron un carácter cívico militar y cargado de violencia y usurpación directa del poder. En cambio, los golpes institucionales del siglo XXI tienen la estrategia de buscar circunstancias más o menos legales para llegar al poder, removiendo al Presidente de la única manera válida en un presidencialismo, el juicio político.
Está comprobado que en varios países los sectores conservadores (como el Partido Colorado) son incapaces de convivir y co-existir con el progresismo, cuyas políticas económicas son muchas veces muy opuestas a la derecha. Fernando Lugo tuvo una victoria electoral casi aplastante, quitándole al Partido Colorado la continuidad en el poder que ya databa desde hace casi veinte años. El beneficio económico de estos sectores, entonces, se vio interrumpido por la llegada de Lugo a la presidencia, y sus políticas tenían una orientación progresista y en favorecimiento de los sectores populares. La evidencia presentada en el juicio pudo ser extraída de los medios de comunicación, ya que eran controlados por los sectores económicos más poderosos, que querían llegar al poder destituyendo al presidente. Fernando Lugo obstaculizaba la hegemonía de gremios empresariales, que aumentarían su poder si se progresaba a nivel tecnológico y productivo, algo que con este mandato no estaba sucediendo.
También, se puede plantear que se ha llevado a cabo también un ‘neo-golpismo’ o ‘golpe de Estado constitucional’ en el caso de Paraguay, una modalidad formalmente menos virulenta, encabezada por civiles (con soporte implícito o complicidad explicita de los militares), que pretende violar la constitución pero preservando cierta institucionalidad. En otras palabras, intencionalmente sectores de la derecha paraguaya (o simplemente anti-progresistas) provocaron condiciones para que Lugo sea visto como el causante de la inestabilidad social vivida en el 2012, aunque aquello implicara la violación de la Constitución. Lugo pudo no haber ejercido una injerencia directa sobre las situaciones de las que se lo acusa, factor que es explicado por la ausencia de evidencia válida presentada por los fiscales en el desarrollo del juicio.
En resumen, la derecha paraguaya y el Partido Colorado, ansiosos de poder y con resentimiento por no ser favorecidos de la política económica del Presidente, crearon una especie de ‘tormenta perfecta’ para que Lugo sea socialmente condenado, y sea la sociedad misma la que apoye a la destitución del Presidente. Este factor social impulsó un vacío de poder y una ruptura de legitimidad hacia el Presidente.
Parece una siniestra intención de deseo de poder, una incapacidad de la oposición de coexistir o esperar a que el mandato de Lugo termine. La creación de esta ‘tormenta perfecta’ a la que hice mención, fue intencionada por la oposición para dejar en claro quién tiene el poder y alejar ‘constitucionalmente’ al ‘outsider’ que rompió con sus ininterrumpidos veinte años de mandatos. Fue esta opción ‘legal’ a la que acudieron los sectores de la derecha en lugar de recurrir a la fuerza, siendo ésta última condenada por instituciones internacionales desde finales del siglo XX. Sin embargo, fue tan evidente la ilegalidad de este juicio, que se lo condenó internacionalmente y fue calificado como un golpe institucional, el nuevo fenómeno de los golpes blandos que ahora caracteriza a América Latina.
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