La dimensión de género en el conflicto ruso-ucraniano: crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad y genocidio

A un año de la invasión rusa de Ucrania, no hay dudas de que una de las dimensiones más dramáticas del conflicto es la de género. Desde temprano, surgieron testimonios de mujeres y niñas ucranianas que denunciaban haber sido víctimas de delitos sexuales. De acuerdo con los testimonios que fueron recolectando periodistas, organizaciones de derechos humanos, la Procuración General de Ucrania y la Comisión Internacional designada por la ONU, los crímenes incluyen violaciones, violaciones en grupo, torturas sexuales, desnudez forzada y otras formas de abuso. Además, las víctimas van desde los 4 a los 80 años.

Al contrario de lo que algunos podrían pensar, en un conflicto bélico no está todo permitido, y este tipo de abusos contra la población civil son altamente condenados por el derecho internacional humanitario. Los Convenios de Ginebra, que en su conjunto constituyen las “leyes para hacer la guerra”, establecen que todo tipo de delito sexual perpetrado por militares contra no combatientes es un crimen de guerra, y debe ser penado como tal por un Tribunal Internacional.

En el caso ucraniano, debido a las características propias que han ido adoptado estos y otros abusos -detenciones ilegales en centros de detención, traslados forzosos, ejecuciones y tortura de civiles, entre otros-, hay quienes argumentan que estamos ante crímenes de lesa humanidad, e incluso frente a un genocidio contra los ucranianos. Tanto la sospecha de la Procuradora General de que existe un patrón sistemático de violencia sexual, como el objetivo explícito del gobierno ruso de “desnazificar” a la sociedad ucraniana, apoyan este último punto.

¿Plan sistemático para desnazificar?

En los últimos meses, la recuperación de alrededor de un 40% de los territorios ocupados ha permitido avanzar en las investigaciones sobre delitos sexuales perpetrados por el ejército ruso. Desde la Fiscalía, se argumenta la existencia de un patrón de abusos sexuales organizados dentro de los centros clandestinos de detención y tortura dirigidos por las Fuerzas Armadas de Rusia.

Por ejemplo, tras la retirada rusa, se han encontrado cuatro grandes centros sólo en la ciudad de Kherson, en los que hay evidencia de que se llevaron a cabo torturas sexuales sistemáticas contra los civiles detenidos. Las mismas incluyeron violaciones con porras y descargas eléctricas en los genitales. Pero Kherson no fue el único lugar donde se detectaron estos delitos; también se encontraron rastros en las regiones de Kíev, Chernígov, Jarkov y Donetsk.

Dada la escala y la gran frecuencia con la que se detectan este tipo de abusos, la Unidad de Crímenes de Guerra contra la Violencia Sexual de Ucrania plantea la posibilidad de que la violencia sexual sea el resultado de una directiva de los altos comandantes rusos y que, en última instancia, sea una herramienta dentro de un plan genocida impulsado desde el Kremlin. La ideología “desnazificadora” que subyace a la ofensiva rusa contribuye a delinear esta hipótesis.

Dentro de la retórica del gobierno ruso, la invasión iniciada febrero de 2022 es la forma de defender a la población de etnia rusa que habita en la región ucraniana del Dombás, víctima de un genocidio por parte del régimen Ucraniano “pro-nazi” y “anti-ruso”. Los objetivos del Kremlin han quedado claros en este sentido. En el artículo Lo que Rusia debe hacer con Ucrania, publicado por la agencia estatal RIA Novosti, Timofey Sergeytsev argumenta que eliminar el nazismo de Ucrania es el objetivo final de la propia operación militar. Además, define la desnazificación como “un conjunto de medidas dirigidas a la masa nazificada de la población, que técnicamente no puede ser castigada directamente como criminal de guerra”. Finalmente, argumenta que este proceso es largo porque implica una transformación completa de la identidad ucraniana y que, para su correcta consecución, debe darse la depuración total de los nazis activos (políticos, activistas), como de los nazis pasivos (la población civil en general que apoya al gobierno). En última instancia, para Sergeytsev, la ocupación rusa debe permitir “la creación de las condiciones sistémicas para una posterior desnazificación en tiempos de paz”.

Bajo este contexto, la violencia sexual, puede leerse en clave desnazificadora. En varios testimonios de víctimas de violación han aparecido frases como “esto es lo que le sucederá a todas las prostitutas nazis” o “las violaremos hasta que no puedan dar a luz más ucranianos”. Así, los delitos sexuales, sobre todo las violaciones de mujeres y niñas, aparecen como un instrumento perverso para eliminar a los “Ucra-nazis”, ya sea simbólicamente, a partir de la erosión de la identidad ucraniana, como de forma real, mediante los embarazos no deseados que surjan de esos abusos.

Esta no es la primera vez que la violencia sexual ha servido como un arma con propósitos genocidas. Como señala Laurel Wamsley en el portal NPR, durante la guerra de Bosnia, existieron “campos de violación” serbios, en los que hay testimonios de mujeres y niñas que dijeron haber sido violadas hasta quedar embarazadas, y luego obligadas a continuar con esos embarazos sin la posibilidad de realizarse un aborto. De esta manera, los perpetradores se aseguraban de que esos bebés fueran de su etnia, favoreciendo la proporción de población serbia dentro de Bosnia-Herzegovina.

Un tortuoso camino hacia la justicia

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, el principal documento internacional en dicha materia, define el crimen de genocidio como “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

En el caso ucraniano, la ideología desnazificadora que subyace al accionar ruso no es otra cosa que la declaración de propósito del Kremlin de eliminar a la nación ucraniana como tal; y la violencia sexual perpetrada por las Fuerzas Armadas de Rusia, que se ajusta perfectamente a los incisos b) y d) de la definición, es una de las acciones instrumentales que realizan para llevar a cabo su objetivo.

De todos modos, que podamos entender los hechos bajo esta lógica y que hoy exista una condena social ante este tipo de crímenes, no quiere decir que en el futuro habrá una condena legal para los perpetradores. Hay una serie de factores que nublan la perspectiva de justicia para las víctimas de abuso sexual y genocidio en Ucrania.

En primer lugar, como quedó bien expuesto en el Reporte de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania (A/77/533), los casos de violencia sexual y de género son difícil de investigar, ya que, las víctimas se enfrentan a obstáculos para denunciar esas violaciones. La situación de seguridad y los desplazamientos forzosos debido a la guerra impiden que las víctimas puedan ser correctamente atendidas, con la atención sanitaria, psicológica y legal que necesitan. Además, los delitos sexuales tienen la particularidad de muchas veces permanecer en secreto, ya que, por una cuestión de inhibición y/o de juzgamiento social, las víctimas prefieren no denunciar lo sucedido.

En segundo lugar, está la dificultad, inherente a la definición de genocidio, de demostrar que los comandantes rusos tienen la intención de destruir a los ucranianos como grupo. Algunos políticos, periodistas y académicos toman la ideología desnazificadora como justificación de esta intencionalidad, pero esto podría no ser suficiente para un tribunal internacional que necesita pruebas más concretas (declaraciones, documentos oficiales, etc.) que den cuenta de un plan genocida y de la utilización de la violencia sexual como instrumento.

Finalmente, la piedra más grande en el camino quizás sea la falta de adhesión de Rusia y Ucrania a la Corte Penal Internacional, principal órgano internacional que se encarga de juzgar crímenes graves internacionales, como lo son los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad y el crimen de genocidio. Sin la ratificación del Estatuto de Roma por parte de ambos países, será verdaderamente complejo pensar en justicia para las víctimas ucranianas.