Cuando la excepción se convierte en regla, nos encontramos con un problema. El año comienza y las noticias políticas no faltan. El Ejecutivo volvió a convocar para esta semana sesiones extraordinarias, como es costumbre desde hace años en el país (desde el 2009, sólo en una ocasión no se sesionó extraordinariamente), para debatir 27 iniciativas. Así, son 88 proyectos que se envían en las extraordinarias desde el inicio del mandato de Alberto Fernández, aprobándose sólo 10. Sin embargo, las sesiones no son la única excepción que se hizo regla. A continuación, nombramos otras nueve iniciativas o cargos que piden ser zanjados:
Defensor del Pueblo de la Nación
Ya son 14 años desde que renunció el último Defensor del Pueblo. Según la Constitución Nacional (CN), se necesitan dos tercios de los presentes de ambas cámaras para llenar la vacante. Según el artículo 86 CN: “su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos”. Para un país que gozó en 2022 de la Presidencia del Consejo de DDHH de la ONU (CDH), resulta una situación preocupante. Lo mismo opinó The Human Rights Watch en su informe 2023, como también la Organización de Estados Latinoamericanos (OEA) en 2014 y la CSJN, que exhortó al Congreso a elegir a un defensor, en 2016. Más de una década transcurrió sin que la sociedad argentina tenga un defensor a cargo, que tiene múltiples atribuciones judiciales para enfrentar políticas injustas. Es más, continuando con la ONU, es la única institución nacional de DDHH reconocida por Naciones Unidas y, para algunos analistas, se puede correr el riesgo de perder el status en el organismo.
Roberto Gargarella, abogado constitucionalista, nos habló de las implicancias políticas de la falta de Defensor del Pueblo: “se trata de indicios que sugieren que la actual dirigencia, de modo conjunto y transversal, se encuentra poco interesada en las cuestiones institucionales; y que, en particular, ella se muestra recelosa frente a la presencia de instituciones destinadas a controlar y fiscalizar su propia labor”.
Procuración General de la Nación
Hace cinco años y pocos días, Eduardo Casal asumió como Procurador General de la Nación interino, luego de la renuncia de Gils Carbó. Sin embargo, aún no se ha aprobado ley alguna para cubrir la vacante faltante desde hace media década. El cargo constitucional precisa legislativamente dos tercios de los miembros presentes para ser confirmado. El Ejecutivo actual manifestó su intención de que Daniel Rafecas sea el próximo procurador. Aún el Congreso no lo ha aceptado. Es más, en el temario publicado sobre las extraordinarias, el punto siete es éste. A su vez, en el 2020 el Senado aprobó un proyecto que buscó reducir la mayoría necesaria para designar este cargo, pero Diputados no terminó de aprobar la norma. El procurador es el jefe del Ministerio Público Fiscal, y el que se encarga de diseñar su política, que según el artículo 120 CN se basa en: “promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad”. Parece no ser cosa menor la falta de procurador por cinco años consecutivos…
Miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Desde hace un año y dos meses, se mantiene una vacante en la mesa de la CSJN luego de la renuncia de Elena Highton de Nolasco, tras jubilarse. Esta situación no modifica el quehacer cotidiano de la Corte, pero sí otorga, en primer lugar, mayor poder individual a cada uno de sus miembros, menor legitimidad y poder y, el riesgo de la acefalía. Sobre esto último, sabemos que a fines del 2024 el juez Juan Carlos Maqueda cumple 75 años, por lo que debería jubilarse, y así la CSJN quedaría con tres miembros, situación que la dejaría inmovilizada. Este también es un problema que tendrá el próximo gobierno. Para elegir al faltante se necesitan dos tercios del Senado. Para ilustrar la severidad de la situación, el presidente también está incumpliendo un decreto del 2003 (que tiene su firma), el cual le concede al Ejecutivo treinta días para enviar el pliego al Senado de un nombre para cubrir esa vacante.
El Dr. Alejandro Chehtman, Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), cooperó con nosotros para esclarecer la temática. Con la vacancia, la CSJN “puede funcionar casi con normalidad” aunque a su vez, “no poder encontrar figuras de consenso para nombrar a un juez de la Corte es un síntoma muy preocupante de la solidez institucional y de nuestra democracia y, de la falta de preocupación de la dirigencia por la institucionalidad”.
Jueces federales
Según describió Human Rights Watch, a septiembre del 2022 había 257 vacantes en la justicia federal y nacional. Es más, desde el 2021 no hay audiencias en el Senado para la designación de magistrados, es decir, desde hace más de un año no se nombran jueces. Por ello, en el 2015 la CSJN estableció que la demora “atenta contra la independencia judicial”. Asimismo, lo ha hecho su presidente el año pasado: "reclamamos también la cobertura de las vacantes federales”. Con esto, ya no es sólo una cuestión de debilitamiento institucional, sino también una clara falta de justicia y por ende de seguridad para los ciudadanos.
Ley de Coparticipación Federal de Impuestos
La disposición transitoria sexta de la CN es clara: “Un régimen de coparticipación (...), serán establecidos antes de la finalización del año 1996”. La sociedad argentina se encuentra esperando tras dos décadas y media su resolución. Aunque no es de aprobación fácil (es una ley convenio), la falta de sanción repercute en el día a día de los argentinos, ya que los porcentajes fiscales son anacrónicos (siglo XX). Esto no tiene únicamente efectos económicos, sino también político-sociales: los conflictos actuales con CABA y la CSJN provienen de allí. El abogado Garret Edwards, director de Investigaciones Jurídicas de Fundación Libertad, nos asistió para reflexionar sobre estos temas y dijo que la cuestión de la coparticipación “es una problemática que la argentina tiene de manera histórica” y que, sobre la posibilidad de desenlace en el corto plazo: “si no hemos podido resolver la problemática de la inflación, tampoco vamos a resolver en lo pronto el asunto sobre la coparticipación federal. Hay falta de decisión política”.
Distribución de bancas en la Cámara de Diputados de la Nación
La actual distribución por provincias de los 257 diputados contiene errores. Como múltiples escritores han mencionado, existe una sub y sobrerrepresentación de algunas provincias en la Cámara Baja. Es decir, existen algunas que de forma proporcional cuentan con más y otras con menos diputados de lo que nombra la ley y la Constitución Nacional. Dos ejemplos claros son Buenos Aires, que tiene un diputado por cada 223.215 habitantes, y Tierra del Fuego, con uno cada 25.441 (siguiendo el censo del 2010). De esta forma, aún no existe solución al problema de los legisladores, que continúan en una excepción mientras algunas provincias se benefician y otras se perjudican. Así nos lo explicó el politólogo Andrés Malamud: “La actual distribución de bancas en la Cámara de Diputados es inconstitucional porque se basa en el censo de 1980, cuando, según el artículo 45 de la Constitución, debería haber sido reajustada tres veces (después de los censos de 1991, 2001 y 2010)”. No obstante, desde hace 32 años que esta situación “se mantiene porque las provincias beneficiarias (en bancas y en coparticipación) tienen poder de bloqueo en el congreso. La solución solo puede ser inducida por la Corte Suprema o por una crisis política que amenaza con llevarse puestos a los gobernadores y no solo al presidente”, cerró el investigador de la Universidad de Lisboa.
Juzgados nacionales en CABA
Aún en el país, luego de la constitución nacional de 1994 y la de CABA de 1996, siguen existiendo tribunales nacionales (distintos a los federales). Estos eran aquellos que se encontraban en los territorios federalizados por el gobierno nacional (como era el caso de Tierra del Fuego y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires). No obstante, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siguen existiendo estos tribunales que según las constituciones mencionadas debería haberse hecho un traspaso a tribunales locales. Esto se mantiene así desde hace 27 años y parece mantenerse.
Consejo de la Magistratura
Tras un fallo de inconstitucionalidad del 2021, el Consejo de la Magistratura tuvo que modificar su estructura. La ley hasta ese entonces era la 26.080, del 2006. Así, el fallo de la CSJN dejó sin uso una ley luego de 17 años de puesta en vigencia, volviendo a la ley anterior. Desde aquel momento, aún no se ha aprobado una ley del Consejo de la Magistratura. Todo esto a sabiendas de que es la encargada de seleccionar y sancionar a los jueces, entre otras funciones, ilustrando lo esencial de una ley de estas características.
Presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA)
Tras la elección de Federico Sturzenegger para el cargo de presidente del BCRA, en el 2015, ningún otro fue designado, según lo establece la Carta Orgánica del BCRA (que debe ser refrendado por el Senado). Es así como Miguel Pesce, actual presidente, es uno “en comisión” al no haberse aprobado sus pliegos, tal cual lo establece la página web del banco. Así, hace ocho años que el presidente del BCRA no es designado de manera legal, lo que genera menor legitimidad y prestigio internacional.
En conclusión, vemos que al Estado argentino le es sumamente demandante preservar sus instituciones. Quizás la causa que podemos encontrar está en lo que vislumbramos en el mundo y en Argentina desde hace varias décadas: la polarización. Todas estas leyes y cargos precisan de mayorías especiales del Congreso para ser aprobadas, cuestión que resulta de imposible resolución en un escenario polarizado y agrietado. De forma similar lo expresó la consultora Edelman en su informe anual de hace pocos días: la sociedad se percibe como la más polarizada de las 28 analizadas.
Esta situación produce diversos efectos que van desde el daño al Estado de Derecho hasta menor cantidad de herramientas institucionales para favorecer a la sociedad. Aunque no termina allí: los ocupantes actuales de cargos tienen poca legitimidad para actuar y decidir sobre temáticas cruciales para la vida social. O mismo desde el lado económico, al no asegurarse estabilidad y seguridad jurídica, decrece la inversión, como así también el prestigio internacional. Estas situaciones a corto o mediano plazo necesitan ser solucionadas, pero si a futuro no se resuelven las causas de fondo, seguramente se reproduzcan más excepciones convertidas en reglas.
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